Comprender y abordar los complejos desafíos de la generación de empleo y el equilibrio económico son tareas fundamentales para cualquier sociedad que aspire a la reducción de las desigualdades y la prevención de la exclusión social. Estos objetivos interconectados se encuentran en el centro de los debates económicos y políticos, reflejando una búsqueda constante de prosperidad y justicia. Este post explorará en profundidad los múltiples factores que influyen en el empleo y la estabilidad económica, las herramientas políticas disponibles, las divergencias de pensamiento y las estrategias para construir un futuro más equitativo.

I. Introducción: El Impulso por el Pleno Empleo y la Estabilidad Económica

La ambición de alcanzar el pleno empleo y una economía equilibrada no es meramente un ideal macroeconómico; es una piedra angular para la mejora de las condiciones de vida, la generación de crecimiento y empleo, y la reducción de las brechas sociales. Sin embargo, el camino hacia estos objetivos está plagado de obstáculos, desde las actividades fraudulentas que merman los presupuestos públicos hasta las divergencias en las normativas nacionales que impiden una protección uniforme de los intereses financieros y, por ende, de los ciudadanos. La complejidad aumenta con la movilidad de los infractores y los productos de las actividades ilícitas, lo que exige una respuesta coordinada y armonizada a nivel supranacional, como la que busca la Unión Europea para defender los fondos de sus contribuyentes.

La salud de una economía se mide a menudo por su tasa de desempleo; una cifra alta (superior al 6%) puede indicar estrés económico, mientras que una baja (menor al 2%) podría sugerir un sobrecalentamiento de los factores de producción. Sin embargo, la propia definición y la alcanzabilidad del «pleno empleo» son objeto de debate. Para algunos, como John Maynard Keynes, el pleno empleo era una condición necesaria para un verdadero equilibrio económico, garantizando un aprovechamiento eficiente de los recursos y alejando la posibilidad de nuevas crisis y el malestar social que podría derivar en conflictos mayores. Para otros, como Claus Offe, el desempleo no es un «problema» con una solución directa, sino una «situación con visos de fatalidad», donde una gran parte de la población adulta no encontrará acomodo en relaciones laborales «normales». El verdadero desafío, desde esta perspectiva, es configurar esta situación de manera que resulte social y políticamente inocua, en lugar de perseguir un objetivo irrealista de desempleo cero.

Este post profundizará en estas tensiones, examinando la naturaleza del desempleo, las herramientas fiscales y monetarias para influir en la economía, los desafíos inherentes a la gestión del gasto público, el impacto de la globalización y las divergencias conceptuales sobre el dinero y el papel del Estado. Finalmente, exploraremos estrategias para fomentar la inclusión y el empleo a través de políticas públicas y la administración.

II. El Desempleo: Un Indicador Crucial y sus Múltiples Caras

El desempleo, más allá de ser una mera cifra estadística, es un fenómeno multifacético que impacta directamente en el bienestar de las personas y la estabilidad de una nación. Su análisis es fundamental para diagnosticar la salud de la economía.

Definición de Pleno Empleo: Ideal vs. Realidad

El pleno empleo se define, en teoría, como la situación en la cual todos los ciudadanos en edad laboral productiva que desean trabajar tienen un empleo. Esto implicaría una tasa de desempleo del 0%. No obstante, en la práctica, se considera que existe «pleno empleo» incluso con una cierta tasa baja de desempleo. Esta tasa residual se atribuye principalmente a dos fenómenos:

• Desempleo friccional: Es el desempleo de corto plazo que ocurre cuando las personas están en transición entre dos empleos (por ejemplo, alguien que renuncia sin tener otro trabajo asegurado) o cuando recién se incorporan al mercado laboral (como los recién graduados que buscan su primer empleo acorde a sus calificaciones). Estas personas a menudo rechazan trabajos que no cumplen sus expectativas, incluso si están disponibles.
• Personas que, en un momento dado, no desean un empleo concreto: Se refiere a individuos que, aunque podrían estar disponibles, no aceptan trabajos que no satisfacen sus expectativas laborales o personales.

La clasificación de «desempleado» varía entre países. Generalmente, no se cuentan como desempleados a estudiantes, amas de casa, o quienes han renunciado voluntariamente a sus trabajos si no buscan activamente un nuevo empleo. Se considera población inactiva a aquellas personas dentro de la población adulta que no tienen empleo y no lo están buscando activamente. Por otro lado, quienes han terminado sus estudios, han sido despedidos o se declaran «en busca de trabajo» sí suelen ser contados. Existe también el concepto de «desempleo disfrazado», que incluye a quienes tienen trabajos que no son «reales» o económicamente productivos (como mendigos).

Tipos de Desempleo y sus Implicaciones

Para un análisis más preciso, la economía distingue tres tipos principales de desempleo, cada uno con causas y soluciones diferentes:

• Desempleo friccional: Como se mencionó, es de corto plazo y refleja la natural rotación de trabajadores en el mercado laboral. Es un componente inevitable y hasta cierto punto saludable de una economía dinámica, ya que permite a los trabajadores encontrar mejores oportunidades y a las empresas, los perfiles más adecuados.
• Desempleo cíclico: Este tipo de desempleo está directamente relacionado con el ciclo económico. Aumenta durante los períodos de recesión económica, cuando las empresas despiden personal o detienen las contrataciones debido a la disminución de la demanda y la actividad económica. Por el contrario, disminuye en períodos de auge económico, cuando la economía crece y las empresas necesitan más empleados.
• Desempleo estructural: Se origina por cambios fundamentales y a largo plazo en la estructura económica, a menudo impulsados por el progreso tecnológico. Ejemplos claros incluyen la automatización con robots en la industria automotriz, las compras de vuelos o reservaciones de hoteles en internet, o las máquinas dispensadoras de bebidas y alimentos. Estos avances desplazan a trabajadores de ciertos sectores, creando la necesidad de que estos se adapten a nuevos sectores que requieren mayor capital humano, como la reparación de robots o la gestión de sitios web. Este tipo de desempleo a menudo requiere políticas de recualificación y reorientación profesional.

La tasa de desempleo, calculada como el número de personas desempleadas dividido entre el número de personas en la fuerza laboral, es una métrica clave. Una tasa superior al 6% es una señal de estrés económico, mientras que una menor al 2% podría indicar un sobrecalentamiento, sugiriendo que los factores de producción podrían estar siendo explotados en exceso.

El Impacto del Desempleo y la Desigualdad

El desempleo, especialmente el de larga duración, tiene profundas consecuencias sociales y económicas. Más allá de la pérdida de ingresos individuales, puede llevar a la erosión de habilidades, la marginación social y un malestar generalizado que puede desestabilizar la sociedad. La falta de un mecanismo institucional que permita distribuir la riqueza social a toda la población, especialmente cuando la producción es generada por una parte decreciente de los ciudadanos, agrava la situación. La participación en la riqueza social a menudo se limita a quienes tienen trabajo y, a través de él, obtienen ingresos o acceso a la seguridad social.

Claus Offe critica la idea de la «normalidad» que liga el valor y el éxito de la vida de las personas a su desempeño en el mercado laboral. Esta concepción empuja a muchos a una carrera que solo pueden perder y lleva a que aquellos que no encajan en esta «normalidad» (como los desempleados o quienes se dedican al hogar) sean percibidos como «fracasados». Esto se debe a que las instituciones dominantes de la sociedad del trabajo reservan los «bienes importantes de la vida» (libertad, independencia personal, seguridad, reconocimiento, autoestima, e ingresos) a quienes tienen un empleo y se desenvuelven bien profesionalmente. La idea de que el acceso a estos bienes y valores de la vida deba depender del éxito en la venta de la fuerza de trabajo en el mercado es considerada «moralmente muy poco plausible».

El argumento de que el pleno empleo es necesario para el control social (evitar que la gente caiga en un modo de vida «caótico y dañino» si no está vigilada y con obligaciones contractuales) es una «antropología negativa» que desacredita el progreso técnico y económico que ha liberado a las personas del trabajo duro, y que implícitamente asume que la sociedad carece de otros medios para que los ciudadanos lleven una vida disciplinada y cooperativa.

III. El Equilibrio Económico: Un Acto de Malabarismo entre Gasto, Impuestos e Inflación

La búsqueda del equilibrio económico es un desafío constante, especialmente en el contexto de la deuda nacional y la inflación. El gasto público y los impuestos, las principales herramientas de la política fiscal, juegan un papel crucial en esta dinámica, pero su manejo es objeto de intensos debates.

La Conexión Gasto Público y Deuda Nacional

El gasto público es un motor fundamental para la economía de una nación, pero también un contribuyente significativo a su deuda nacional. La relación es una red compleja de factores con implicaciones tanto positivas como negativas.

• La Visión Keynesiana: Los defensores del gasto público, en línea con la economía keynesiana, argumentan que el gobierno puede intervenir para estimular el crecimiento económico y aliviar las desaceleraciones del ciclo económico, especialmente cuando el sector privado no invierte lo suficiente. Al invertir en áreas como infraestructura (carreteras, puentes, escuelas, hospitales), atención sanitaria, educación y tecnología, los gobiernos pueden crear empleos, aumentar la productividad y generar crecimiento. Por ejemplo, durante las recesiones, un mayor gasto en obras públicas puede reactivar la economía, creando oportunidades de empleo e inyectando dinero en el sistema. Los paquetes de estímulo, a menudo implementados en tiempos de crisis económicas (como la Ley Estadounidense de Recuperación y Reinversión en 2008), son un ejemplo de esta estrategia, buscando impulsar la economía mediante el aumento del gasto en proyectos, recortes de impuestos o transferencias directas. Este gasto inicial puede desencadenar un «efecto multiplicador», donde la inversión gubernamental lleva a un aumento de la demanda, la contratación de trabajadores que gastan sus salarios, y así sucesivamente, magnificando el impacto inicial en la economía. El efecto multiplicador es mayor en inversiones en infraestructura que en pagos de transferencia.
• Críticas y Riesgos del Gasto Excesivo: Los críticos, por otro lado, advierten que el gasto público excesivo puede llevar a niveles insostenibles de deuda nacional, lo que carga a las generaciones futuras con las consecuencias. Cuando el gasto supera los ingresos, el gobierno debe endeudarse, aumentando la deuda nacional. Una deuda elevada puede generar mayores pagos de intereses, que consumen una parte sustancial del presupuesto. El caso de la crisis de deuda de Grecia en 2010 sirve como un recordatorio de los peligros de un gasto insostenible. Además, el gasto público puede «desplazar» la inversión privada (conocido como crowding out). Si el gobierno se endeuda mucho, compite con los prestatarios privados por los fondos disponibles, lo que puede elevar las tasas de interés y desincentivar la inversión del sector privado, frenando el crecimiento económico. Un gasto excesivo también puede llevar a la inflación si crea un exceso de demanda en la economía, especialmente si ya se está operando cerca de la plena capacidad. La interferencia política y la mala asignación de recursos son otras desventajas, ya que los políticos pueden priorizar agendas personales o recompensar a sus partidarios en lugar de buscar la eficiencia económica general.
• Equilibrio Presupuestario y Gasto Deficitario Estratégico: Para mitigar los impactos negativos, una opción es buscar un presupuesto equilibrado, donde los gastos del gobierno se alineen con los ingresos. Sin embargo, esto es un desafío que requiere decisiones difíciles sobre recortes y generación de ingresos. Otra perspectiva sugiere que no todo el gasto público es igual. El gasto deficitario estratégico puede ser una inversión en el futuro si financia proyectos que generen beneficios a largo plazo, como investigación y desarrollo, educación o energías renovables. En estos casos, el impacto económico positivo podría superar la deuda inicial. La clave es distinguir entre gasto público productivo e improductivo. El nivel óptimo de gasto público es una tarea delicada, que requiere un enfoque matizado que considere el estado actual de la economía, las perspectivas de crecimiento a largo plazo y la eficiencia del gasto. Se debe lograr un equilibrio entre estimular el crecimiento y evitar el endeudamiento excesivo, priorizando inversiones con retornos a largo plazo y controlando gastos innecesarios. Las reformas fiscales y el cierre de lagunas jurídicas también pueden mejorar la generación de ingresos y reducir la dependencia del endeudamiento.
• Títulos Públicos como Fuente de Ingresos: Los títulos públicos (letras del tesoro, bonos, pagarés) son instrumentos financieros emitidos por el gobierno para generar ingresos para el gasto público. Son atractivos para el gobierno porque permiten acceder a grandes reservas de capital en los mercados financieros y suelen ofrecer una financiación a costo relativamente bajo. Para los inversores, son atractivos por su seguridad, estabilidad y liquidez, al estar respaldados por la fe y el crédito del gobierno. La diversificación en la emisión de estos instrumentos puede ser la estrategia más eficaz para optimizar los costos de financiación y gestionar el riesgo.

Gasto Público e Impuestos como Herramientas Fiscales

La política fiscal, que incluye el gasto público y los impuestos, es una herramienta poderosa para estabilizar la economía.

• Gastos Gubernamentales: Cuando el gobierno gasta dinero, crea demanda de bienes y servicios, lo que a su vez genera empleos e ingresos, ayudando a compensar la disminución de la actividad económica durante una recesión. Los tipos comunes de gasto incluyen:
  • Gasto en infraestructura: Inversión en carreteras, puentes, transporte público. Crea empleos y estimula la actividad económica.
  • Gasto social: Inversión en educación, atención médica, bienestar social. Apoya a quienes son afectados por recesiones y contribuye al desarrollo del capital humano.
  • Gasto en defensa: Inversión en seguridad nacional, que también puede crear empleos y apoyar la industria. La eficacia del gasto depende de que el dinero se destine a proyectos que realmente creen empleos y estimulen la actividad económica.
• Impuestos: Los impuestos son otra herramienta fiscal. Reducirlos puede aumentar el ingreso disponible, impulsando el gasto y la actividad económica. Por el contrario, aumentarlos puede reducir el ingreso disponible y la actividad económica. Tipos comunes incluyen:
  • Impuestos sobre la renta: Gravan a personas y empresas. Reducirlos puede aumentar el ingreso disponible.
  • Impuestos sobre las ventas: Gravan bienes y servicios. Reducirlos puede reducir el costo y aumentar el gasto.
  • Impuestos sobre la propiedad: Gravan bienes inmuebles. Reducirlos puede estimular la actividad económica. La eficacia de los impuestos, al igual que el gasto, depende de su uso para estimular la economía, en lugar de solo para pagar deudas.
  Desde la perspectiva de la tributación, existen los impuestos progresivos (como el impuesto sobre la renta), que aumentan con los ingresos y buscan la redistribución y la equidad social, aunque pueden desincentivar el espíritu empresarial. Los impuestos regresivos (como el impuesto sobre las ventas) afectan desproporcionadamente a los de bajos ingresos. La Curva de Laffer sugiere que existe una tasa impositiva óptima que maximiza los ingresos, y que impuestos demasiado altos pueden desincentivar el trabajo y la inversión.

Controlando la Inflación y la Curva de Phillips

La relación entre inflación y desempleo ha sido un pilar en la macroeconomía moderna, popularizada por la Curva de Phillips.

• La Curva de Phillips Original: En 1958, William Phillips observó una correlación negativa entre la tasa de desempleo y la variación de los salarios en el Reino Unido. Posteriormente, Paul Samuelson y Robert Solow extendieron esta relación a la inflación: cuando el desempleo era bajo, la inflación tendía a ser alta, y viceversa. Esto sugirió un trade-off para los gobiernos: se podía tolerar una tasa de inflación relativamente alta a cambio de mantener bajo el paro. Esta idea guio la política económica en países industrializados, como Estados Unidos en los años 60, donde el control de la inflación llevó a un aumento del desempleo.
• La Desestabilización y la Estanflación: Sin embargo, esta relación no fue permanente. Durante la década de 1970, la aparición de la «estanflación» (inflación y desempleo elevados simultáneamente) en varios países cuestionó la estabilidad de la Curva de Phillips. Este fenómeno se atribuyó a perturbaciones en la oferta agregada, como la crisis del petróleo de 1973. Milton Friedman y Robert Lucas argumentaron que la relación mostrada por la Curva de Phillips se torna inestable y poco sistemática a largo plazo. La teoría de las expectativas racionales (Robert Lucas, Thomas Sargent, Robert Barro) y el concepto de NAIRU (Tasa de Desempleo No Aceleradora de la Inflación) explican que, aunque la inflación imprevista puede generar un aumento de la producción y el empleo a corto plazo, esta «ilusión monetaria» desaparece a largo plazo, y no existe un intercambio real entre inflación y desempleo. A largo plazo, la Curva de Phillips se vuelve vertical, lo que significa que solo una tasa de desempleo específica (la NAIRU o tasa natural) es compatible con una tasa de inflación estable. Si los gobiernos intentan explotar esta disyuntiva mediante la política económica, la relación desaparece, como se observó en la economía estadounidense entre 1969 y 1973.
• Políticas de Control de la Inflación: Cuando una economía experimenta una inflación alta, los gobiernos pueden recurrir a una política fiscal contractiva, que implica disminuir el gasto público y/o aumentar los impuestos. El objetivo es reducir la cantidad de dinero en circulación y frenar la inflación. Sin embargo, esto puede llevar a una disminución de la demanda agregada y, potencialmente, a una recesión y alto desempleo. Un ejemplo notable fueron las medidas de austeridad en Grecia en respuesta a su crisis de deuda, que aunque redujeron el déficit, provocaron una profunda recesión y desempleo. Existen alternativas a la política fiscal contractiva, como la política monetaria, que puede aumentar las tasas de interés para reducir la demanda agregada y desacelerar la inflación. También están las políticas del lado de la oferta, como la desregulación y los recortes de impuestos, para aumentar la productividad y reducir los costos. La orientación actual de la política económica mundial (neoliberal) a menudo utiliza el desempleo como herramienta para controlar la inflación (el «ejército industrial de reserva» de Marx): al subir las tasas de interés, se desanima la contratación y se reducen las demandas salariales, logrando bajar la inflación. En contraste, la propuesta de un Trabajo Garantizado (TG) busca ofrecer una protección similar contra la inflación sin el costo social del desempleo, resolviendo la dualidad entre pleno empleo y estabilidad de precios.

El Disenso sobre el «Dinero de los Contribuyentes»

Un punto de fricción fundamental en el debate sobre el gasto público y el equilibrio económico es la concepción del dinero y su origen. La célebre frase de Margaret Thatcher, «No hay dinero público, solo hay dinero de los contribuyentes», es categorizada por algunos economistas como «rotundamente falsa» y dañina.

La idea subyacente a la frase de Thatcher es que el Estado debe financiarse «sacándole los cuartos al sector privado», como si el dinero que gasta el Estado proviniera directamente de los ahorros o impuestos de los ciudadanos. Sin embargo, esta visión es desafiada al explicar cómo se crea el dinero en la economía moderna.

• La Naturaleza del Dinero y su Creación: El dinero es, fundamentalmente, deuda, pero no todas las deudas son dinero. Para que una deuda funcione como dinero, el deudor debe gozar de un crédito generalizado de toda la población. Ni las personas físicas ni las empresas privadas pueden crear dinero que sea universalmente aceptado; los vales de una empresa, por ejemplo, no funcionarían como dinero más allá de un circuito muy limitado y no servirían para pagar impuestos. Aunque algunos grandes almacenes han intentado emitir sus propias «monedas», su aceptación ha sido baja debido a la limitación de opciones para el consumidor. En la economía actual, los bancos tienen la capacidad de crear dinero. Lo hacen a través de un simple «apunte contable» al conceder préstamos: el banco reconoce un préstamo en su activo y crea un pasivo en forma de cuenta corriente que el deudor puede usar para sus compras o inversiones. Este dinero bancario (depósitos a la vista) es una forma de dinero privado. La clave es que el Estado moderno acepta que los contribuyentes paguen sus obligaciones tributarias con un cargo en su cuenta bancaria. Esto implica una serie de asientos contables entre el banco del cliente, el banco central y la cuenta del Tesoro en el banco central, que resulta en una disminución del saldo de la cuenta del banco privado en el banco central. Por lo tanto, el autor argumenta que el Estado «nos hacía un favor al aceptar en pago de impuestos un mero apunte contable en el balance de una entidad bancaria», y que, en realidad, no se trata del «dinero de los contribuyentes» sino del «dinero de los bancos».
• El Papel del Estado en la Creación de Dinero (MMT): Según la Teoría Monetaria Moderna (MMT), que sustenta esta crítica, «no existe el dinero de los contribuyentes, solo el dinero del estado y el de los bancos». El Estado crea su propio dinero (como los billetes fabricados por una casa de moneda nacional y puestos en circulación por el banco central). Además, el Estado tiene la capacidad de reintegrar dinero al circuito económico pagando a sus acreedores (funcionarios, licitadores, proveedores) mediante transferencias desde la cuenta del Tesoro a las cuentas de los bancos privados. Esta reinyección de dinero permite a los ciudadanos obtener los fondos necesarios para devolver sus préstamos bancarios. Si el Estado, a través de su gasto, crea un poco más de dinero del que destruye mediante los impuestos, los ciudadanos no solo pueden devolver el principal de sus préstamos, sino también pagar los intereses e incluso ahorrar. Esto, además, podría mejorar el crédito de quienes cobran directamente del Estado. Desde la perspectiva de la MMT, la creencia en el mito del «dinero de los contribuyentes» es «dañina» porque lleva a «políticas económicas erróneas que crean desempleo, pobreza y malestar». La MMT describe la realidad operativa del sistema bancario y argumenta que el dinero bancario recibe el respaldo del monopolio estatal (a través de fondos de garantía de depósitos, provisión de liquidez para el sistema de pagos interbancarios, gestión de sistemas de compensación, y la aceptación del dinero bancario en pago de impuestos), lo que le otorga aceptación. Al constatar el carácter procíclico del dinero bancario, la MMT propone instrumentos anticíclicos potentes, como un plan de trabajo garantizado, para asegurar el pleno empleo y la estabilidad de precios.

IV. Combatir la Desigualdad y la Exclusión: El Papel de las Políticas y la Administración Pública

Más allá de los debates teóricos y las herramientas macroeconómicas, la lucha contra la desigualdad y la exclusión es un objetivo central que requiere una administración pública sólida, políticas inclusivas y una vigilancia constante contra el fraude.

La Necesidad de una Sociedad Equilibrada, Inclusiva y Justa

La Unión Europea subraya que la protección de sus intereses financieros no solo se refiere a la gestión presupuestaria, sino que abarca todas las medidas que puedan afectar positiva o negativamente a sus activos y los de los Estados miembros, con el fin de apoyar o estabilizar la economía o la hacienda pública. El objetivo final es garantizar una protección equivalente y eficaz que impulse la credibilidad de las instituciones y la legitimidad de la ejecución presupuestaria, buscando así mejorar las condiciones de vida y generar crecimiento y empleo. Esto implica regular no solo el fraude en sentido estricto, sino también comportamientos ilegales relacionados como la corrupción, el blanqueo de capitales y la obstrucción de los procedimientos de contratación pública, ya que todos ellos se benefician a expensas del presupuesto de la UE y, por tanto, de los contribuyentes.

Impacto de la Globalización en el Empleo y la Desigualdad (Claus Offe)

Claus Offe profundiza en cómo la evolución de la economía global ha afectado la posibilidad de alcanzar el pleno empleo y ha exacerbado las desigualdades. Habla de una «triple globalización» que ha transformado el panorama:

1. Integración económica de Europa Occidental: Ha llevado a una mayor competencia en los mercados de bienes y trabajo, y a una pérdida de la soberanía de los Estados nacionales en política económica y social. Esto a menudo se ha traducido en una «coartada espesa para no hacer nada» a nivel nacional, con la esperanza de que las instituciones europeas integradas puedan asumir el relevo.
2. Eficiencia de las economías del Este de Asia: Anula las ventajas competitivas basadas en estándares de infraestructura y tecnología de economías como la alemana, revelando «desventajas de localización».
3. El «Post-comunismo» después de la Guerra Fría: Los países capitalistas de Europa Occidental deben adaptarse a la vecindad de economías con mano de obra cualificada pero a costos laborales muy bajos (por ejemplo, en la República Checa, 1/7 parte de los niveles occidentales). Además, la caída del socialismo real ha debilitado el imperativo político de la Guerra Fría, que impulsaba el pleno empleo, una seguridad social generosa y políticas redistributivas para restar atractivo a «la otra parte».

En conjunto, estas condiciones han llevado a un estancamiento del paro en niveles elevados en la UE. Se observa un fenómeno de «jobless growth» (crecimiento sin empleo), donde la evolución del empleo se desvincula del crecimiento económico. Aunque las sociedades de la UE siguen siendo ricas, carecen de un mecanismo institucional para distribuir esa riqueza al conjunto de la sociedad, lo que perpetúa la desigualdad.

La respuesta política actual, a menudo, es el «desmantelamiento más o menos controlado de los costes laborales y sociales». Esta estrategia defensiva busca aumentar o mantener el empleo reduciendo los costos, pero tiene el inconveniente de incidir negativamente en las ventas de bienes de consumo, ya que los ingresos de los trabajadores disminuyen. Offe advierte que esto puede llevar a reacciones desesperadas y a conflictos sociales de una magnitud no vista en Europa desde la Segunda Guerra Mundial: por un lado, una lucha militante de la izquierda por la protección estatal de los empleos; por otro, una pugna chovinista de la derecha por la protección estatal frente a la proliferación de trabajadores «de fuera». En este escenario, no solo estaría en juego la distribución justa de la riqueza, sino también las formas e instituciones democráticas y liberales del proceso político.

Ante esta «fatalidad» del desempleo, Offe propone replantear la vida del trabajo, no buscando un aumento de puestos de trabajo, sino una «reducción del volumen de trabajo», es decir, del producto de las personas en busca de ocupación y de las horas de trabajo ofertadas por persona. Esto podría implicar una regulación temporal de la oferta de trabajo (por día, semana, año o vida). Sin embargo, esto es un desafío, ya que los empleados no suelen estar dispuestos a trabajar menos (y con ello, renunciar a ingresos) para que otros encuentren trabajo. La eficacia de estas medidas depende de si la reducción de tiempo de trabajo por persona realmente se traduce en un aumento del número de personas ocupadas.

La sociedad del trabajo, al ligar el valor y el éxito de la vida a la presencia en el mercado laboral, moviliza permanentemente una «sobreoferta de fuerza de trabajo» que luego es incapaz de incorporar. Offe critica moralmente esta idea, cuestionando por qué todas las actividades útiles deban pasar por el «agujero de la aguja de un contrato laboral» y por qué el consumo, la seguridad social y el reconocimiento social deban reservarse a quienes tienen éxito en el mercado de trabajo.

Políticas Activas de Empleo (ALMP): Una Estrategia para la Inclusión

Las Políticas Activas de Empleo (ALMP) se consideran fundamentales para favorecer el aumento de la ocupación y la disminución del desempleo. Estas políticas, aplicadas en todos los países de la Unión Europea, incluyen:

• Orientación e intermediación: Ayuda a los demandantes de empleo a encontrar oportunidades.
• Formación y recualificación: Mejora los conocimientos y habilidades de los trabajadores, adaptándolos a las demandas del mercado. Una formación adecuada es clave para la obtención, mantenimiento o mejora del empleo.
• Fomento del espíritu empresarial y la economía social: Apoyo a la creación de negocios.

Las ALMP no solo tienen una función de inserción laboral, sino también una función preventiva. Son beneficiosas tanto en períodos de crisis (reduciendo efectos negativos en el empleo) como en períodos de expansión (facilitando el funcionamiento del mercado de trabajo y el aumento de la ocupación, lo que refuerza el crecimiento económico y mejora los saldos presupuestarios). Se ha observado que tienen un mayor impacto en los períodos de bajo crecimiento y mayor desempleo.

La evaluación de estas políticas es crucial para transformarlas en instrumentos eficientes. La normativa española, por ejemplo, establece la obligatoriedad de realizar evaluaciones anuales del gasto y resultados de las políticas activas, buscando mayor transparencia, eficacia y eficiencia.

• Gasto Público en ALMP en España (2004-2019): El gasto total en ALMP en España en este período osciló entre 4.989 millones de euros (2013) y 8.957 millones de euros (2010) a precios constantes de 2010, con un promedio anual de 7.155 millones de euros. La evolución de este gasto se ha alineado con el ciclo económico español. La distribución del gasto entre las categorías de medidas ha cambiado con el tiempo:
  • 2004-2012: Más del 51% del gasto se destinó a incentivos al empleo y formación.
  • 2013-2019: Hubo una mayor distribución del gasto entre todas las categorías.
  En el conjunto del período, las categorías más importantes por porcentaje de gasto fueron:
  • Incentivos al empleo (26,13%): Buscan influir en la contratación de empleadores. Sin embargo, a menudo tienen un efecto limitado o escasa eficacia debido a «efectos de peso muerto» (contrataciones que hubieran ocurrido de todos modos) o «efecto de sustitución» (reemplazo de trabajadores existentes en lugar de creación neta de empleos). Su relevancia disminuyó con el tiempo.
  • Formación (20,00%): Incide directamente en los conocimientos y habilidades de los trabajadores.
  • Servicios de mercado de trabajo (16,74%): Medidas relacionadas con la búsqueda de empleo. Su importancia relativa aumentó a lo largo del período.
  • Incentivos para la puesta en marcha (14,57%): Su importancia relativa también ha aumentado.
  • Creación de empleo directo (11,84%).
  • Empleo con apoyo y rehabilitación (10,73%).
  El esfuerzo presupuestario en ALMP (gasto como porcentaje del PIB) fue relativamente pequeño en España, oscilando entre el 0,52% y el 0,84% del PIB (media anual del 0,68%). Este esfuerzo es bajo en comparación con otros países europeos con altas tasas de paro (ej. Dinamarca: 1,78% del PIB en 2018). En contraste, el gasto en políticas pasivas de empleo (como las prestaciones por desempleo) fue significativamente superior, situándose en promedio en el 2,09% del PIB, entre 2 y 5,8 veces más que el gasto en políticas activas, especialmente durante los años de crisis económica. El alcance o intensidad de las políticas activas (gasto en % del PIB por punto de tasa de paro) también fue reducido, con una media anual del 0,05. Un hallazgo importante es que el gasto público total en políticas activas no estuvo determinado por las tasas de paro: cuando el paro aumentó, el alcance de las políticas activas disminuyó, y viceversa. El gasto por parado también mostró un comportamiento inverso al número de desempleados. A pesar de estas limitaciones, se encontró una correlación positiva moderada (0,6954) entre el gasto público total en políticas activas y el número de ocupados en España, lo que sugiere que estas políticas favorecen moderadamente el empleo. Se estima que cada millón adicional de euros en políticas activas aumenta el número de ocupados en 638 personas.

La Administración Pública como Agente de Cambio

La administración pública es un actor fundamental en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Se enfrenta a un contexto de transformación acelerada por los avances tecnológicos y los cambios de políticas, lo que resalta la necesidad de repensar las instituciones y sus capacidades. Los desafíos incluyen la polarización política y la dificultad para un diálogo constructivo.

Un aspecto clave es la innovación, modernización y gestión eficiente de los asuntos públicos. Esto abarca:

• Transformación digital: Impacto de la digitalización y la inteligencia artificial en la administración, incluyendo gobierno electrónico, blockchain, big data.
• Evaluación de políticas públicas: La importancia de auditar y controlar el gasto, promover la rendición de cuentas, y combatir la corrupción y el fraude en la administración pública. La Unión Europea busca justamente esto con su propuesta de directiva contra el fraude, que establece un marco penal armonizado y un mecanismo de cooperación entre estados.
• Profesionalización del empleo público y gestión del talento humano.
• Estrategias de formación y capacitación especializada para la función pública.
• Administración de recursos fiscales: Desafíos en el presupuesto, gasto público, inversión y responsabilidad fiscal.
• Inclusión: Integración de la perspectiva de género, la diversidad y la accesibilidad en la formulación de políticas (ej. Ley Micaela, derechos LGTBIQ+).

Casos Locales: El Ejemplo de Móstoles

La implementación de políticas activas y la lucha por el empleo se materializan a nivel local. El caso de Móstoles, a través de su Concejalía de Economía, Industria y Empleo y su entidad Móstoles Desarrollo, ilustra un enfoque integral para abordar el desempleo y fomentar el crecimiento local. Su objetivo es el «desempleo cero».

• Móstoles Desarrollo se encarga de la vida laboral de las personas, cubriendo desde el emprendimiento y la parte empresarial hasta la formación y la intermediación laboral a través de su club de empleo. Logró una reducción de 718 desempleados en un año, lo que la Concejala Ángeles García González atribuye al trabajo conjunto de todas las áreas: formación, apoyo empresarial y atracción de empresas que contraten a residentes de Móstoles.
• La formación que ofrecen es «ad hoc», es decir, se basa en una auditoría de las necesidades de Móstoles para que sea relevante para los demandantes de empleo. Cursos populares incluyen estética, formación de formadores, sociosanitarios y jardinería.
• Un acuerdo con la Comunidad de Madrid facilita la acreditación de competencias profesionales, lo que brinda un «plus» a los trabajadores para avanzar en sus carreras.
• Eventos como Navipark no solo generan empleos temporales (700 en su edición más reciente), sino que también impulsan la economía local (más de un millón de visitantes, casi 500 mil euros de beneficio para comercios participantes).
• El Vivero de Empresas de Móstoles apoya a pequeños empresarios y startups en su transición y crecimiento, ofreciendo auditorías de viabilidad y conectando con empresas. El objetivo es impulsar «startups unicornio».
• La iniciativa MIEB (Móstoles Innovation and Entrepreneurship Center), que busca financiación de la UE de hasta cinco millones de euros, ya ha tenido éxito en su primera edición y tiene lista de espera para la segunda.
• La colaboración con GovtechLab Madrid permitió crear una base de datos consolidada de comercios locales, un avance crucial para la planificación y el apoyo al comercio.
• La motivación de la Concejala, proveniente del sector empresarial, resalta la importancia de la empatía y el conocimiento del tejido local para diseñar políticas efectivas, a pesar de la inherente lentitud de la administración.

V. Estrategias y Soluciones para un Futuro Más Equitativo

La complejidad de los desafíos del empleo y el equilibrio económico exige un enfoque multifacético y adaptable. Integrar diversas perspectivas y herramientas es crucial para construir sociedades más justas y prósperas.

Propuestas de Claus Offe para Reconfigurar la Vida Laboral

La visión de Claus Offe, aunque pesimista sobre el pleno empleo tradicional, ofrece un marco radical para repensar la relación con el trabajo y la distribución de la riqueza:

1. No exclusión: Es fundamental que nadie tenga derecho a excluir categorías enteras de la población del mercado de trabajo en función de sexo, edad, nacionalidad o cualificación.
2. Renta Básica Ciudadana: Si no todos tienen un «derecho al trabajo», pero sí a competir por él, aquellos que renuncian voluntariamente a participar en esa competencia (liberando así puestos para otros) deberían recibir una compensación. Esta compensación se conceptualiza como un derecho ciudadano a una renta básica, desvinculada de requisitos previos y financiada con impuestos, suficiente para una vida modesta durante el período de no participación. Esta indemnización sería individualmente reversible en todo momento.
3. Estímulo a Usos Alternativos del Trabajo: La compensación no es solo una «prima por la neutralización de la fuerza de trabajo», sino un estímulo para utilizar la propia capacidad de trabajo de un modo diferente a su ‘venta’ a cambio de un salario. Sin embargo, Offe advierte que, debido a que el trabajo ligado al mercado ha sido tan remunerador, las formas de actividad informales y de autoprovisión se han extinguido en gran medida, por lo que estas alternativas deben ser «inventadas de nuevo», fomentadas y estimuladas.

Una reorganización institucional de la vida del trabajo basada en estos principios podría no terminar con el paro, pero sí hacerlo «más soportable y menos conflictivo» en el largo plazo.

Mejorar la Eficiencia del Gasto Público

La eficiencia en el gasto público es vital para maximizar los beneficios sociales y garantizar la responsabilidad fiscal. La evaluación del gasto público, especialmente mediante el análisis costo-beneficio (ACB), es una herramienta poderosa para esta tarea. El ACB permite:

• Toma de decisiones objetiva: Evalúa costos y beneficios para seleccionar opciones que maximicen el bienestar social.
• Evaluación de la eficiencia: Compara costos con beneficios para identificar proyectos que generen el mayor bienestar social neto (ej. proyectos de infraestructura, políticas ambientales, intervenciones sanitarias y educativas).
• Transparencia y rendición de cuentas: Proporciona una metodología clara para justificar las decisiones de gasto, fomentando la confianza pública.
• Asignación eficiente de recursos: Dirige recursos limitados hacia iniciativas que generen los mayores retornos sociales.
• Planificación a largo plazo: Considera los impactos del gasto a lo largo de todo el ciclo de vida de un proyecto.
• Evaluación de riesgos: Permite evaluar la solidez de las propuestas y las estrategias de mitigación.

Para superar los desafíos en la eficiencia del gasto público, los gobiernos pueden implementar varias estrategias:

• Transparencia y rendición de cuentas: Implementar sistemas robustos de gestión financiera, auditorías regulares y divulgación pública de los detalles del gasto.
• Racionalización de estructuras de gobernanza: Centralizar la toma de decisiones, establecer líneas de autoridad claras y fomentar la colaboración interdepartamental para evitar la duplicación de esfuerzos.
• Datos y medición del desempeño: Invertir en sistemas de recopilación y análisis de datos para evaluar la eficacia de las iniciativas, permitiendo decisiones informadas y basadas en evidencia.
• Combatir presiones políticas y cortoplacismo: Establecer órganos independientes de supervisión fiscal que proporcionen evaluaciones objetivas y asegurar el cumplimiento de metas fiscales a largo plazo.
• Mejorar procesos de adquisiciones: Implementar procedimientos transparentes y competitivos, agilizar aprobaciones y usar tecnología para aumentar la eficiencia y reducir costos.
• Inversión en capacidad y habilidades: Capacitar a los funcionarios públicos en gestión financiera y fomentar asociaciones con instituciones académicas.

Estrategias específicas para agilizar los procesos de gasto público incluyen:

• Presupuesto basado en el desempeño: Vincular la financiación a resultados medibles.
• Presupuesto de base cero: Justificar cada gasto desde cero anualmente.
• Consolidación y racionalización: Fusionar agencias con funciones similares.
• Transformación digital: Automatización, análisis de datos, plataformas digitales, y sistemas de adquisiciones electrónicas.
• Abastecimiento y adquisiciones estratégicas: Negociar contratos a granel y aprovechar economías de escala.
• Enfoques basados en riesgos: Identificar y gestionar riesgos asociados con el gasto público.
• Asociaciones público-privadas (APP): Aprovechar la experiencia y recursos del sector privado para proyectos públicos.
• Contratación basada en resultados: Vincular los pagos a los resultados obtenidos.

Impulsar el Crecimiento Sostenible

Un gasto público eficaz no solo debe ser eficiente, sino también impulsar un crecimiento sostenible que beneficie a toda la sociedad. Esto implica:

• Equilibrar necesidades a corto y largo plazo: Satisfacer las necesidades inmediatas (sanidad, educación, infraestructura) mientras se invierte en motores de crecimiento a largo plazo (investigación, innovación, capital humano).
• Toma de decisiones basada en evidencia: Evaluar rigurosamente el impacto de programas y políticas mediante análisis de costo-beneficio, ensayos de control aleatorios y evaluaciones de impacto.
• Transparencia y responsabilidad: Garantizar que los ciudadanos sepan cómo se utilizan sus impuestos mediante informes claros, portales de datos abiertos y auditorías independientes.
• Intervenciones específicas y equidad social: Abordar las desigualdades sociales y promover la inclusión mediante programas dirigidos (transferencias monetarias condicionadas, becas) que ayuden a poblaciones marginadas.
• Evitar desperdicios y fugas: Minimizar el desvío y uso indebido de recursos para asegurar que los fondos lleguen a sus beneficiarios previstos.
• Inversión en infraestructura y productividad: Realizar inversiones estratégicas en transporte, energía, conectividad digital para mejorar la productividad y atraer inversión privada.
• Colaboración y asociaciones: Trabajar con el sector privado, la sociedad civil y organizaciones internacionales para amplificar el impacto del gasto público.

Lecciones de la Lucha contra el Fraude de la UE

La experiencia de la Unión Europea en la lucha contra el fraude que afecta a sus intereses financieros ofrece valiosas lecciones para la generación de empleo y la reducción de la desigualdad. Las normas divergentes y los niveles de protección a menudo diferentes entre los Estados miembros han llevado a que las medidas contra el fraude no alcancen el nivel necesario de disuasión. Esta situación permite a los infractores aprovechar las jurisdicciones más permisivas.

La propuesta de directiva busca establecer una definición común de los delitos relacionados con el fraude que afecten a los intereses financieros de la Unión, así como niveles de sanciones mínimos y armonizados. Esto es crucial porque:

• Garantiza una interpretación uniforme y una forma homogénea de cumplir con los requisitos de procesamiento.
• Refuerza el efecto disuasorio y la capacidad de aplicación de las disposiciones pertinentes.
• Reduce el incentivo para que los posibles infractores se desplacen a jurisdicciones más permisivas.
• Asegura la cooperación judicial y policial más eficiente posible (ej. la pena mínima de seis meses de reclusión para permitir la emisión y ejecución de una orden de detención europea).

Además, la directiva aborda otros elementos esenciales: la instigación, complicidad y tentativa de delitos, la responsabilidad de las personas jurídicas, las penas mínimas de reclusión, la recuperación de los importes pagados irregularmente, el embargo preventivo y decomiso de los productos del delito, el establecimiento de jurisdicción, y los plazos de prescripción para la investigación y ejecución de sanciones. La cooperación entre los Estados miembros y la Comisión Europea (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) es también un pilar fundamental.

La directiva reconoce que el fraude fiscal (IVA) afecta directamente a los intereses financieros de la UE. También extiende la definición de funcionarios públicos para incluir a personas en terceros países que gestionen fondos de la Unión, reconociendo la necesidad de protección en caso de corrupción o desvío de fondos.

VI. Conclusión: Hacia una Visión Integral y Coherente

La generación de empleo, el equilibrio económico, la reducción de las desigualdades y la prevención de la exclusión son desafíos entrelazados que demandan una visión integral y coherente. No hay una solución única, sino una combinación de políticas robustas, gestión pública eficiente y un cambio en la concepción social del trabajo y la riqueza.

El camino hacia el pleno empleo es complejo. Si bien las políticas activas de empleo han demostrado favorecer moderadamente la ocupación, su eficacia se ve limitada por la inversión insuficiente en comparación con las políticas pasivas, y por fenómenos como el «peso muerto» o el «efecto de sustitución». Reconocer los distintos tipos de desempleo (friccional, cíclico, estructural) es crucial para diseñar respuestas específicas y efectivas.

El gasto público es una herramienta poderosa para estimular la economía, crear empleos y mejorar el bienestar social, como lo defiende el keynesianismo. Sin embargo, debe ser estratégico, productivo y eficiente para evitar el riesgo de una deuda insostenible, inflación y el desplazamiento de la inversión privada. La transparencia, la rendición de cuentas y la toma de decisiones basada en datos son imperativos para asegurar que los fondos públicos generen el máximo valor social.

El debate sobre el «dinero de los contribuyentes» no es meramente semántico; es una cuestión fundamental para entender la capacidad del Estado para financiar sus objetivos. La perspectiva de la Teoría Monetaria Moderna desmiente este mito, argumentando que el dinero es creado por el Estado y los bancos, y que el Estado puede y debe utilizar su capacidad fiscal para garantizar el pleno empleo y la estabilidad, siempre y cuando no se superen los límites de recursos reales. Superar estas concepciones erróneas es vital para la aplicación de políticas económicas más efectivas que no generen desempleo y pobreza de forma innecesaria.

La globalización y los cambios tecnológicos han reconfigurado el mercado laboral, generando un crecimiento sin empleo y una mayor competencia. Esto nos obliga a reflexionar sobre el valor social del trabajo y la necesidad de reconfigurar la vida laboral para que la riqueza social sea accesible a todos, incluso si no encuentran una ocupación «normal» en el mercado formal. Las propuestas de una renta básica ciudadana y el estímulo a actividades no remuneradas formalmente son un intento de abordar esta «fatalidad» social del desempleo.

Finalmente, el papel de la administración pública es insustituible. Desde la lucha armonizada contra el fraude a nivel europeo hasta las iniciativas locales de fomento del empleo, como las de Móstoles, la capacidad de las instituciones para adaptarse, innovar y colaborar es clave. Es un esfuerzo continuo que requiere visión, empatía y un compromiso inquebrantable con la prosperidad y la equidad para todos los ciudadanos. Solo a través de un enfoque holístico que combine una sólida política fiscal, políticas activas de empleo, marcos legales armonizados y una administración pública eficaz y transparente, podremos avanzar hacia sociedades donde el empleo, el equilibrio económico y la justicia social sean una realidad para todos.